Emergencia Económica: No Hay Plata... Pero Sí Hay $32 Billones Para Contratos Electorales
El gobierno de Petro declaró emergencia económica porque "no hay plata" para financiar el presupuesto de 2026. Pero en enero de ese mismo año firmó 521.269 contratos directos por $32,88 billones — un 64% más que el período anterior. Si no hay plata, ¿de dónde salieron esos $32 billones? ¿Emergencia para quién?
La Farsa: "No Hay Plata"
El 22 de diciembre de 2025, el presidente Gustavo Petro firmó el Decreto 1390, declarando el Estado de Emergencia Económica y Social en todo el territorio nacional. La razón oficial: el Congreso hundió la Ley de Financiamiento y el presupuesto de 2026 quedó desfinanciado en $16,3 billones de pesos.
El decreto enumeró ocho "factores precipitantes" de la crisis:
- Obligaciones del sistema de salud (UPC)
- Deterioro del orden público
- Emergencia invernal
- Subsidios energéticos
- Sentencias judiciales pendientes: $1,5 billones
- Deudas contractuales vencidas: $5,1 billones
- Deudas con víctimas del conflicto: $1,6 billones
- Restricciones de endeudamiento por regla fiscal
El mensaje al país fue claro: "Estamos en crisis. No hay dinero. El Estado podría colapsar."
Solo 7 días antes, el propio Petro celebraba que The Economist reconoció a Colombia como la "cuarta mejor economía del mundo" en 2025. ¿Cómo se pasa de celebrar la cuarta mejor economía a declarar emergencia en una semana? Respuesta: no se puede. A menos que una de las dos cosas sea mentira.
La Realidad: $32,88 Billones en Contratos Directos
Mientras el gobierno le decía al país que no había plata, en enero de 2026 se firmaron 521.269 contratos directos por un valor total de $32,88 billones de pesos. Esto según la propia Contraloría General de la República.
Es cierto que estos contratos no se pagan de un solo golpe — son compromisos que se ejecutan a lo largo del año. Pero eso no los hace menos graves. Los hace peores. Porque significan que un gobierno que dice no tener plata para cubrir un hueco de $16,3 billones está adquiriendo nuevas obligaciones por el doble de esa cifra. Está comprometiendo $32,88 billones adicionales del presupuesto que supuestamente no alcanza.
Pongámoslo en perspectiva:
- El déficit que justificó la emergencia económica era de $16,3 billones
- Los nuevos compromisos contractuales en un solo mes: $32,88 billones
- Es decir, las nuevas obligaciones duplican el supuesto hueco fiscal
- 521.269 contratos nuevos — la mayoría de prestación de servicios — equivalen a más de medio millón de personas contratadas para cubrir funciones que el año pasado no existían
¿No hay plata? Entonces, ¿por qué está contratando a más de 500.000 personas nuevas? ¿Qué funciones tan urgentes aparecieron de la noche a la mañana que no existían el año pasado? La respuesta es obvia: no son funciones del Estado — son favores políticos antes de las elecciones.
La Contraloría detectó los siguientes datos alarmantes:
- Incremento del 64,48% en el valor de contratos directos respecto al período anterior (de $5,4 billones a $9,5 billones en contratos del orden nacional)
- 30,4% más en valor total comparado con enero de 2022 (último período preelectoral)
- $14,8 billones se concentraron en la última semana de enero
- $5,7 billones se firmaron en un solo día: el 30 de enero — el día antes de que entrara en vigencia la Ley de Garantías
Léalo otra vez: $5,7 billones en un solo día. Eso es más del doble de lo que el gobierno recaudó en un mes entero con la emergencia económica ($814.000 millones al 22 de enero). Un gobierno que dice no tener plata firmó en un día contratos que equivalen a 7 veces lo que recaudó en todo un mes con impuestos de emergencia.
La irresponsabilidad fiscal es monumental: sabiendo que el país atraviesa una crisis presupuestal, sabiendo que el Congreso rechazó la reforma tributaria, sabiendo que la Corte suspendió los impuestos de emergencia — este gobierno decidió crear más de 500.000 nuevos compromisos de gasto que el país no puede pagar. Eso no es gobernar. Eso es saquear.
¿Quiénes Recibieron la Plata?
La Contraloría identificó los principales receptores de estos contratos:
A nivel nacional:
- SENA: $1,72 billones
- ICBF: $1,26 billones
- Aeronáutica Civil: $0,76 billones
A nivel territorial:
- Barranquilla: $1,33 billones
- Medellín: $0,88 billones
- Cali: $0,54 billones
Y luego está la cereza del pastel: $71.893 millones en contratos de publicidad institucional firmados entre el 26 y el 30 de enero — cuatro días antes de la Ley de Garantías. El 90% fue para RTVC (el canal de Hollman Morris): $64.000 millones en 12 contratos directos.
La pregunta obvia: si el Estado está en emergencia económica y no puede pagar sentencias judiciales, deudas con víctimas del conflicto, ni subsidios energéticos... ¿por qué sí puede gastar $64.000 millones en propaganda televisiva?
Se Pasaron la Ley de Garantías por la Faja
La Ley de Garantías Electorales (Ley 996 de 2005) prohíbe la contratación directa del Estado durante los meses previos a las elecciones, precisamente para evitar que los gobiernos usen la plata pública para comprar votos y favores políticos.
La restricción entró en vigor el 31 de enero de 2026. Pero la Contraloría descubrió que:
- 6.292 contratos directos se firmaron después del 31 de enero
- Estos contratos suman más de $2 billones de pesos
- Se hicieron en sectores no exceptuados por la ley: servicios sociales, comercio, inclusión social, justicia
- Se identificaron 368 contratos específicamente para eventos, publicidad, conciertos y logística — por $31.959 millones
Es decir: no solo hicieron una maratón de contratación antes de la ley — siguieron contratando después, violando abiertamente las restricciones electorales.
La Contraloría lo dijo con palabras diplomáticas: recursos públicos potencialmente desviados hacia "finalidades diferentes a las permitidas por la normativa electoral". Traducción al español normal: están usando la plata del Estado para hacer campaña política.
La Corte Dijo: Esto Es Inconstitucional
El 29 de enero de 2026, la Corte Constitucional suspendió provisionalmente el Decreto 1390 de emergencia económica — con 6 votos a favor y 2 en contra. Es la tercera vez que la Corte tumba un decreto de emergencia del gobierno Petro.
La suspensión también afectó los decretos derivados:
- Decreto 1474 de 2025: que autorizaba el cobro de nuevos impuestos — suspendido
- Decreto 044 de 2026: que afectaba el sector energético — suspendido
¿Y cómo respondió Petro? Dijo que estamos ante "una ruptura del orden constitucional" — culpando a la Corte por frenar su poder. El presidente que juró defender la Constitución acusa a la Corte Constitucional de romper la Constitución por no dejarlo gobernar por decreto.
Para el Observatorio Fiscal y múltiples analistas, la emergencia económica fue un "precedente riesgoso para la democracia": el Ejecutivo intentó aprobar por decreto lo que no pudo negociar en el Congreso. Eso no es gobernar — eso es gobernar a la fuerza.
La Pregunta que Nadie Quiere Hacer: ¿Comprando Votos?
Conectemos los puntos:
- El gobierno dice que no hay plata y declara emergencia económica
- Crea nuevos impuestos por decreto para recaudar $16,3 billones
- La Corte suspende los impuestos por inconstitucionales
- Mientras tanto, firma $32,88 billones en contratos directos en un solo mes
- Concentra $14,8 billones en la última semana antes de la Ley de Garantías
- Viola la Ley de Garantías firmando 6.292 contratos más por $2 billones
- Gasta $64.000 millones en propaganda a través de RTVC
- Los contratos de publicidad, eventos y logística suman $1,68 billones entre octubre 2025 y enero 2026
¿Casualidad? ¿Coincidencia? ¿"Necesidades del servicio"?
No. Esto es maquinaria electoral financiada con plata pública.
Los contratos que el año pasado no existían aparecen mágicamente justo antes de las elecciones. El gobierno que no tiene plata para pagar a las víctimas del conflicto sí tiene plata para contratos de eventos y publicidad. El gobierno que declara emergencia por un hueco de $16 billones gasta el doble en contratos directos en un mes.
La emergencia económica no es para salvar al país. Es para cobrar impuestos por decreto mientras se gasta la plata en maquinaria electoral. No hay plata para usted — pero sí hay plata para comprar las elecciones.
Las Emergencias Económicas en Colombia: Un Patrón de Abuso
Desde la Constitución de 1991, Colombia ha tenido 12 declaratorias de emergencia económica (1992, 1994, 1997, 1998, 1999, 2008 dos veces, 2009, 2010 dos veces, 2011, y ahora 2025). La Constitución establece tres tipos de estados de excepción: guerra exterior, conmoción interior, y emergencia económica — cada uno con controles específicos.
Pero la de Petro es diferente. Es la primera emergencia económica que:
- Se declara como reacción política al hundimiento de una ley en el Congreso — no por un evento externo o crisis imprevista
- Se usa explícitamente para crear impuestos por decreto que el Congreso rechazó democráticamente
- Coincide con una maratón de contratación preelectoral que contradice la supuesta crisis
- Es suspendida por la Corte Constitucional y el presidente la desconoce públicamente
El artículo 215 de la Constitución permite al gobierno dictar decretos con fuerza de ley durante una emergencia de 30 días. Pero este mecanismo fue diseñado para crisis reales e imprevistas — no para saltarse al Congreso cuando no se consiguen los votos. Usarlo así es un abuso de poder que erosiona la democracia.
La Incoherencia al Desnudo
Este artículo se resume en una sola pregunta:
Si no hay plata para el presupuesto del Estado, ¿de dónde salieron $32,88 billones para contratos directos en un solo mes?
No hay respuesta coherente. No puede haberla. Porque la verdad es que sí hay plata — pero la plata se fue en:
- $32,88 billones en contratos directos (521.269 contratos)
- $64.000 millones en propaganda televisiva vía RTVC
- $1,68 billones en publicidad, eventos y logística preelectoral
- $2 billones en contratos que violaron la Ley de Garantías
- $732 millones en contratos a familiares de Hollman Morris
Y mientras tanto, a usted le quieren cobrar más impuestos. A usted le dicen que hay que apretarse el cinturón. A usted le dicen que la culpa es del Congreso, de la Corte, de la oposición, de los ricos, de cualquiera menos de ellos.
La emergencia económica no es una crisis fiscal. Es una crisis de corrupción. Es un gobierno que gasta lo que no tiene en lo que no necesita, contrata a más de medio millón de personas para funciones que no existen, y después le cobra la cuenta al pueblo colombiano con impuestos por decreto.
Este caso se suma a los más de 130 casos de corrupción, mentiras, nepotismo y abuso de poder que hemos documentado en La Lupa con fuentes verificables — desde la UNGRD hasta los contratos de Hollman Morris, desde las mentiras sobre la gasolina hasta el saqueo sistemático de los recursos públicos. No es un caso aislado. Es un patrón. Y cada semana que pasa, la lista crece.
Y la pregunta final no es para el gobierno — es para nosotros: ¿Hasta cuándo vamos a seguir tragándonos este cuento?
Fuentes:
Presidencia — Decreto 1390 de emergencia económica El Colombiano — 521.269 contratos directos por $32,88 billones Infobae — 6.292 contratos violando Ley de Garantías Infobae — Emergencia económica tras caída de reforma tributaria Infobae — Corte Constitucional suspende emergencia El Colombiano — De "cuarta mejor economía" a emergencia en 7 días CNN — Petro declara emergencia en medio de deuda creciente Semana — $70.000 millones en publicidad a RTVC Infobae — Publicidad institucional antes de Ley de Garantías SciELO — Historia de estados de excepción en ColombiaEnglish version
Petro's government declared an economic emergency because there's "no money" to fund the 2026 budget. But that same January, it signed 521,269 direct contracts worth $32.88 trillion pesos — a 64% increase over the previous period. If there's no money, where did those $32 trillion come from? Emergency for whom?
The Farce: "There's No Money"
On December 22, 2025, President Gustavo Petro signed Decree 1390, declaring a State of Economic and Social Emergency across Colombia. The official reason: Congress rejected the Financing Law, leaving the 2026 budget with a $16.3 trillion peso shortfall.
The decree listed eight "precipitating factors":
- Health system payment obligations (UPC)
- Deteriorating public order
- Winter storm emergency
- Energy subsidies
- Pending court sentences: $1.5 trillion
- Overdue contractual debts: $5.1 trillion
- Debts to conflict victims: $1.6 trillion
- Borrowing restrictions under fiscal rules
The message was clear: "We're in crisis. There's no money. The State could collapse."
Just 7 days earlier, Petro himself had celebrated The Economist naming Colombia the "fourth best economy in the world" in 2025. How do you go from celebrating the fourth best economy to declaring an emergency in one week? Answer: you can't. Unless one of those two things is a lie.
The Reality: $32.88 Trillion in Direct Contracts
While telling the country there was no money, in January 2026 the government signed 521,269 direct contracts worth $32.88 trillion pesos — according to the Comptroller General itself.
True, these contracts aren't paid all at once — they're commitments executed throughout the year. But that doesn't make them less serious. It makes them worse. A government claiming it can't cover a $16.3 trillion shortfall is taking on new obligations worth double that amount. It's committing $32.88 trillion in additional spending from a budget that supposedly isn't enough.
Let's put that in perspective:
- The deficit that justified the emergency: $16.3 trillion
- New contractual commitments in a single month: $32.88 trillion
- New obligations double the supposed fiscal gap
- 521,269 new contracts — mostly service contracts — equivalent to over half a million people hired for functions that didn't exist last year
No money? Then why hire over 500,000 new people? What urgent functions appeared overnight that didn't exist last year? The answer is obvious: these aren't government functions — they're political favors before the elections.
The Comptroller found alarming patterns:
- 64.48% increase in direct contract value over the previous period
- 30.4% more in total value compared to January 2022 (previous pre-election period)
- $14.8 trillion concentrated in the last week of January
- $5.7 trillion signed on a single day: January 30 — the day before the Electoral Guarantees Law took effect
Read that again: $5.7 trillion in one day. That's more than double what the government collected in an entire month through the emergency ($814 billion as of January 22). A government claiming to be broke signed contracts in one day worth 7 times what it collected in a full month of emergency taxes.
The fiscal irresponsibility is monumental: knowing the country faces a budget crisis, knowing Congress rejected the tax reform, knowing the Court suspended the emergency taxes — this government created over 500,000 new spending commitments the country can't afford. That's not governing. That's looting.
Who Got the Money?
The Comptroller identified the main contract recipients:
National level:
- SENA: $1.72 trillion
- ICBF: $1.26 trillion
- Civil Aviation: $0.76 trillion
Local level:
- Barranquilla: $1.33 trillion
- Medellín: $0.88 trillion
- Cali: $0.54 trillion
And the cherry on top: $71.893 billion in institutional advertising contracts signed between January 26-30 — four days before the Electoral Guarantees Law. 90% went to RTVC (Hollman Morris's channel): $64 billion in 12 direct contracts.
The obvious question: if the State is in an economic emergency and can't pay court sentences, conflict victims, or energy subsidies... why can it spend $64 billion on TV propaganda?
They Violated the Electoral Guarantees Law
The Electoral Guarantees Law (Law 996 of 2005) prohibits government direct contracting in the months before elections to prevent using public funds to buy votes.
The restriction took effect on January 31, 2026. But the Comptroller found that:
- 6,292 direct contracts were signed after January 31
- These contracts totaled over $2 trillion pesos
- They covered non-exempt sectors: social services, commerce, inclusion, justice
- 368 contracts were specifically for events, advertising, concerts, and logistics — worth $31.959 billion
In the Comptroller's diplomatic words: public resources potentially diverted to "purposes different from those permitted by electoral regulations." In plain English: they're using public money for political campaigns.
The Court Said: This Is Unconstitutional
On January 29, 2026, the Constitutional Court provisionally suspended Decree 1390 — by a 6-2 vote. This is the third time the Court has struck down one of Petro's emergency decrees.
The suspension also affected derivative decrees:
- Decree 1474 of 2025: authorizing new tax collection — suspended
- Decree 044 of 2026: affecting the energy sector — suspended
Petro's response? He called it "a rupture of the constitutional order" — blaming the Court for checking his power. The president who swore to defend the Constitution accuses the Constitutional Court of breaking the Constitution for not letting him govern by decree.
Analysts called the emergency a "dangerous precedent for democracy": the Executive tried to approve by decree what it couldn't negotiate in Congress. That's not governing — that's governing by force.
The Question Nobody Wants to Ask: Buying Votes?
Let's connect the dots:
- The government says there's no money and declares an economic emergency
- Creates new taxes by decree to raise $16.3 trillion
- The Court suspends the taxes as unconstitutional
- Meanwhile, signs $32.88 trillion in direct contracts in a single month
- Concentrates $14.8 trillion in the last week before the Electoral Guarantees Law
- Violates the law by signing 6,292 more contracts worth $2 trillion
- Spends $64 billion on propaganda through RTVC
- Advertising, events, and logistics contracts total $1.68 trillion between October 2025 and January 2026
Coincidence? "Operational needs"? No. This is electoral machinery funded with public money.
Contracts that didn't exist last year magically appear right before elections. The government that can't pay conflict victims can pay for events and advertising. The government declaring emergency over a $16 trillion gap spends double on direct contracts in one month.
The economic emergency isn't about saving the country. It's about collecting taxes by decree while spending the money on electoral machinery. There's no money for you — but there's plenty to buy the elections.
Economic Emergencies in Colombia: A Pattern of Abuse
Since the 1991 Constitution, Colombia has had 12 economic emergency declarations (1992, 1994, 1997, 1998, 1999, 2008 twice, 2009, 2010 twice, 2011, and now 2025). But Petro's is different. It's the first emergency that:
- Was declared as a political reaction to Congress rejecting a law — not an external crisis
- Was explicitly used to create taxes by decree that Congress democratically rejected
- Coincided with a pre-election contracting spree contradicting the supposed crisis
- Was suspended by the Constitutional Court, then publicly challenged by the president
Article 215 of the Constitution allows emergency decrees for 30 days. But this mechanism was designed for real, unforeseen crises — not to bypass Congress when you can't get the votes. Using it this way is an abuse of power that erodes democracy.
The Incoherence Laid Bare
This article comes down to one question:
If there's no money for the state budget, where did $32.88 trillion for direct contracts in a single month come from?
There's no coherent answer. Because the truth is there is money — but it went to:
- $32.88 trillion in direct contracts (521,269 contracts)
- $64 billion in TV propaganda via RTVC
- $1.68 trillion in pre-election advertising, events, and logistics
- $2 trillion in contracts violating the Electoral Guarantees Law
- $732 million in contracts for Hollman Morris's family
And meanwhile, they want to charge you more taxes. They tell you to tighten your belt. They blame Congress, the Court, the opposition, the rich — anyone but themselves.
The economic emergency isn't a fiscal crisis. It's a corruption crisis. It's a government hiring over half a million people for functions that don't exist, spending what it doesn't have on what it doesn't need, then handing the bill to the Colombian people through emergency taxes.
This case joins the more than 130 documented cases of corruption, lies, nepotism, and abuse of power we've compiled at La Lupa with verifiable sources — from the UNGRD scandal to Hollman Morris's contracts, from the gasoline lies to the systematic looting of public resources. This isn't an isolated incident. It's a pattern. And every week, the list grows.
And the final question isn't for the government — it's for us: How long are we going to keep swallowing this story?